¿Qué hacemos?

Somos una plataforma constituida en Gandía, con ámbito de actuación en La Safor y Marina Alta. 

Actuaciones: 

a).- Paralizar y retrasar las subastas judiciales  antes de que se produzcan,  ganando tiempo y permitiendo a la familia afectada permanecer el máximo tiempo posible en su vivienda antes de que se produzca la adjudicación de la misma  a terceros.    Para ello utilizaremos  todas las armas legales que nos permite la ley. 

b).- Estudiamos la posibilidad de presentar Concurso de Acreedores de la familia afectada en caso de que sea conveniente para defensa de su patrimonio.

c).- Pequeños comerciantes y autónomos con deudas que pueden ser ejecutadas por sus acreedores : Estudiamos la situación y en caso de embargos inminentes o ya realizados , paralizamos ó anulamos las ejecuciones en curso.

• - Para lograr nuestros propósitos contamos con personas de grandísima experiencia en el ámbito del Derecho.  Su colaboración es desinteresada.

• - Primera actuación realizada : La suspensión de subasta judicial en los Juzgados de Gandía de la vivienda de una familia del Grao que estaba siendo ejecutada por la CAM.   Mientras tanto estamos ayudando a la familia a negociar una quita y posible venta de la vivienda.

Estamos haciendo gestiones en el Ayuntamiento de Gandía para que nos cedan un despacho o local para los viernes por la tarde en principio.

Nuestro email:  stop.embargos@yahoo.es

AEDAVE presenta concurso de acreedores ante la imposibilidad de pagar la sanción de Competencia

AEDAVE paraliza su actividad al no poder afrontar el pago de la sanción de cerca de 1,5 millones de euros que le impuso Competencia. Una vez agotados "todos los medios a su alcance" y rechazada su apelación por el Supremo, la Asociación constituida en 1979 se ve obligada a presentar concurso de acreedores voluntario.

Las cuantiosas sanciones impuestas en 2006 por el Tribunal de Defensa de la Competencia a las Organizaciones empresariales que formaban parte de la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes (CAAVE) en 2006, motivada por la imposición de fees por parte de Iberia, Air Europa y Spanair, se cobran una nueva víctima, AEDAVE. Una vez agotados "todos los medios a su alcance para conseguir la paralización o incluso una sentencia favorable", fuentes de la misma reconocen que "ha sido totalmente imposible".

De este modo, la Asociación constituida en 1979 se ve obligada a presentar en el juzgado correspondiente un concurso de acreedores voluntario, al no poder hacer frente al pago de cerca de 1,5 millones de euros "ni en el presente ni en el futuro". Ello conlleva la paralización de su actividad, así como el despido de sus trabajadores.

‘Incoherencia’ de la sanción

Tal y como adelantó NEXOTUR, AEDAVE recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, confiando en que "la justicia aceptara nuestros argumentos, totalmente lógicos y probatorios de la incoherencia de la decisión". No obstante, el pasado mes de marzo se dictó una sentencia, ratificando en todos sus extremos la millonaria multa.

En la misma también se desestiman los recursos interpuestos por FEAAV, la Unión Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (UCAVE), Agencias de Viajes Asociadas de Andalucía (AEDAV), Agencias Unidas Servicios de Asociación (AUSA), la Asociación de Mayoristas de Viajes Españolas (AMAVE) y la Asociación Española de Touroperadores de Receptivo (AETOR). Todas ellas deberán hacer frente a sanciones de aproximadamente 100.000 euros, salvo FEAAV, en cuyo caso asciende a 1,6 millones de euros. En el caso de UCAVE, tal y como publicó NEXOTUR, ya comenzó a pagar la sanción a principios de 2011, mientras que AMAVE se vio obligada a cerrar hace algo más de un año.

2.319 municipios se quedarán sin la mitad de los ingresos del Estado

Hacienda retendrá el 50% de las entregas a los consistorios que no aclararon cómo saldarán su deuda con proveedores.

Los proveedores, representados a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, alertaron a primera hora de la mañana de ayer sobre las dudas que persistían sobre cómo iban a abonar las facturas impagadas aquellos municipios que no han presentado plan de ajuste o cuyos recortes no han recibido el visto bueno de Hacienda. Consciente de la necesidad de aplacar dudas, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, concretó horas después que Hacienda retendrá el 50% de la participación en los ingresos del Estado. "Se trata de 2.004 consistorios que no han elaborado el plan y de otros 315 que obtuvieron una valoración negativa", aseguró en una conferencia en el Instituto de Empresa.

Estas transferencias son la principal fuente de financiación de los ayuntamientos y la medida supone un quebranto económico para un gran número de consistorios, que verán retenida la mitad de las aportaciones del Estado durante muchos años. Es el caso, por ejemplo, de la Línea de la Concepción (Cádiz), que ha presentado facturas por valor de 61 millones. Este consistorio, cuyo plan de ajuste ha sido rechazado, recibe una aportación mensual de 1,25 millones, por lo que verá mermada a la mitad su participación en los ingresos del Estado durante los próximos ocho años. Dicho en otras palabras, que este consistorio no recibirá la mitad de la aportación del Estado hasta junio de 2020. Pero en este municipio de 70.000 habitantes se une la acumulación de deuda con proveedores y con el Estado central. De hecho, Hacienda ya está practicando retenciones sobre el 100% de las entregas a cuenta para saldar la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social al menos desde enero de 2011.

Beteta también se defendió ayer de las acusaciones del alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, quien criticó al Ejecutivo por imponer un tipo superior al 5% pactado en principio. "No ha cumplido su palabra y ese nuevo tipo, del 6%, pone en serias dificultades a algunos municipios". El secretario de Estado de Administraciones Públicas lo defendió "como el mejor posible" y dijo que el tipo efectivo se ha situado en la horquilla prevista por Hacienda. "Nos hemos acercado mucho al 6%, pero está entre el 5% y 6%", defendió. "El alcalde que dice eso incurre en irresponsabilidad severa porque su obligación era haber pagado ya", recalcó.